Las entidades secesionistas se exponen a una multa de entre 300.001 y 600.000 euros porque durante la polémica ‘gigaencuesta’ realizada en octubre pasado -una suerte de lista de ‘buenos’ y ‘malos’ catalanes- “han recogido, grabado y conservado información sobre datos de ideología relativos a personas que negaron su participación en la encuesta o que, aun habiéndola realizado, no consintieron expresamente el tratamiento de sus datos personales”. Se trata de una vulneración de “los derechos fundamentales” de las personas.
