La propuesta de sanción concluye que colgó en Internet información personal sobre ayudas por discapacidad. A mediados del 2006, un funcionario de la Xunta de Galicia en Lugo tecleó su nombre y sus apellidos en un conocido buscador de Internet. Para su sorpresa, los datos de la prestación por una discapacidad que recibía su mujer a través del Fondo de Acción Social autonómico, y que deberían ser confidenciales, estaban al alcance de cualquiera con un clic. ¿La razón? La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza publicaba en su web sin filtros la relación de admitidos para las citadas ayudas; y el listado íntegro ya había sido colgado en varias páginas más, entre ellas, las de sindicatos como la CIG, CC.?OO. y UGT.
